El objetivo del Gobierno con todos estos cambios, es el de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ley incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.
Pero los expertos creen que los efectos que va la nueva ley no serán tan positivos como el Gobierno anuncia: Enumeramos algunas de esas críticas:
-No soluciona los problemas del alquiler en España, los agrava e introduce nuevos impedimentos, distorsionando la economía con las zonas tensionadas, creadas artificialmente, por su efecto negativo al disminuir las transacciones.
-Se acentúa la limitación al topar el precio de alquiler a grandes tenedores, limitando la posibilidad de que un inversor obtenga una rentabilidad. Los pequeños propietarios que invirtieron en vivienda para tener un complemento (muchos pensionistas), verán descender su poder adquisitivo.
-Aumenta el riesgo del arrendador, por las restricciones de la subida del precio del alquiler y por no luchar contra el fenómeno okupa (no abordado en la ley), generando inseguridad jurídica que reducirá la oferta y aumentará los precios.
-Es una ley con más tintes políticos que técnicos, regresando a la Ley de Arrendamientos Urbanos de hace los años sesenta, que congeló los precios de los alquileres empobreciendo el mercado y reduciendo el número de viviendas en alquiler.
-Los expertos creen que sería más conveniente el diseño de un marco regulatorio adecuado que permitiera al sector poner más viviendas en el mercado. Intentar corregir los “deseos” del mercado generan una ley económicamente contraproducente, deberían impulsar un marco donde el alquiler fuera más eficiente, protegiendo la propiedad privada para generar más oferta.
